Mes: agosto 2026

Con la aplicación del nuevo Índice de Referencia de Actualización de la Vivienda (IRAV), las subidas de los contratos de alquiler de vivienda habitual firmados desde mayo de 2023 quedan topadas.

El año 2026 ha traído consigo la cristalización del nuevo sistema de actualización de rentas introducido por la Ley de Vivienda. Atrás quedó la indexación automática del arrendamiento residencial a la inflación (IPC). Ahora, los propietarios con contratos de alquiler de vivienda habitual formalizados con posterioridad al 25 de mayo de 2023 se encuentran obligados a limitar sus actualizaciones anuales al porcentaje que dicte el nuevo Índice de Referencia de Actualización de la Vivienda (IRAV).

Durante los años previos vimos un tope temporal máximo del 3%, pero con el nuevo índice del Instituto Nacional de Estadística (INE), las subidas rondan cifras muy concretas y menos agresivas que la inflación ordinaria, como el límite del 2,20% visto en revisiones de 2025. Es de vital importancia entender que este límite no aplica a los contratos regidos por alquileres de temporada, a arrendamientos de locales de negocio o a aquellos contratos antiguos en los que las partes hayan pactado condiciones distintas sin cláusulas abusivas.

Esta dualidad en la legislación sobre arrendamientos urbanos requiere precisión quirúrgica en la redacción de nuevos contratos. Una actualización indebida de la renta por parte del arrendador puede desencadenar pleitos con el inquilino. Confía la redacción de tus contratos de alquiler y la gestión de tu cartera patrimonial a Sáez Legal-Lab, donde nuestros abogados inmobiliarios te garantizarán la máxima rentabilidad siempre dentro del más escrupuloso cumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El Decreto 180/2024 de la Generalitat clarifica las normas de construcción, acceso y limitación temporal de las Viviendas de Protección Pública, estableciendo categorías específicas para jóvenes y familias monoparentales.

Ante el complejo problema del acceso a la vivienda, el Consell ha impulsado el nuevo Decreto 180/2024 que regula el régimen jurídico de las Viviendas de Protección Pública (VPP) en la Comunitat Valenciana. Esta nueva norma establece un marco claro y moderno que impacta directamente a promotoras inmobiliarias y compradores.

Entre sus principales novedades, se distinguen dos grandes categorías. Por un lado, la vivienda de régimen general, con una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados y una vigencia de protección de hasta 30 años. Por otro lado, resalta el novedoso régimen especial de «vivienda joven», destinada a menores de 35 años y familias monoparentales, limitadas a 60 metros cuadrados útiles y con un periodo de calificación de protección mucho más reducido: 15 años. Transcurrido ese plazo legal, las propiedades quedarán liberadas, permitiendo su libre disposición en el mercado sin las severas limitaciones de precios máximos de venta o alquiler estipulados para la VPP.

Si eres promotor y buscas adaptar tus futuras edificaciones residenciales en la Comunidad Valenciana a este nuevo decreto para beneficiarte de la edificabilidad y ayudas, o si eres un particular con dudas sobre los derechos y restricciones legales al comprar o vender una vivienda protegida, ponte en manos de expertos. Desde el área inmobiliaria de Sáez Legal-Lab, ofrecemos asesoramiento especializado en calificaciones, descalificaciones de VPP y auditoría de compraventas sobre plano.

El anteproyecto de ley de 2026 que apuntala la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha cambiado radicalmente el escenario de la planificación hereditaria de las familias e inversores valenciano.

El mapa fiscal de la Comunitat Valenciana ha experimentado una auténtica revolución en los últimos tiempos. Uno de los focos jurídicos más relevantes para nuestros clientes de derecho patrimonial ha sido la tramitación en 2026 del anteproyecto de ley que asienta la histórica bonificación del 99% sobre la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esta reforma supone, a efectos prácticos, la supresión de este histórico tributo para familiares directos en la autonomía valenciana.

A esto se suman modificaciones adicionales de calado que entraron en juego a mediados de 2025 y que se amplían en 2026, como las rebajas y bonificaciones del 50% en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en escrituras notariales y agrupaciones patrimoniales. Todas estas medidas fiscales reducen drásticamente la carga de heredar, lo que abre una ventana de oportunidad única para reestructurar el patrimonio inmobiliario y empresarial de forma muy eficiente.

Sin embargo, que el impuesto autonómico esté prácticamente exento no exime de una correcta formalización legal. Una sucesión implica redactar testamentos adecuados, prever legítimas, valorar el patrimonio y organizar el Impuesto de Plusvalía Municipal (que sí continúa vigente). Para evitar conflictos familiares y asegurar que las herencias y donaciones en vida se realicen de manera inmaculada ante Notaría y Registro, contacta con los abogados patrimoniales de Sáez Legal-Lab. Nos encargamos de diseñar un plan sucesorio a medida.